La jornada comenzó con las palabras de bienvenida de Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del ICP, quien comenzó la discusión introduciendo la iniciativa conocida como "Policy Lab", la cual se centra en generar discusiones sobre seguridad y defensa. Esto ha permitido abordar asuntos de actualidad en dichas áreas, como las economías ilícitas o el estado de las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Además, se subrayó la importancia de discutir las actuales condiciones de seguridad del país, así como los desafíos y retos en torno a esta dimensión, incluida la expansión de los grupos criminales y los problemas relacionados con la política de Paz Total identificados por el ICP, con el fin de generar una serie de recomendaciones a los tomadores de decisión.

Luego, Stefan Reith, representante en Colombia de la Fundación Konrad Adenauer (KAS), destacó la importancia que tienen la seguridad y la defensa para la Fundación, dado su compromiso con la promoción de la democracia a nivel global. Se enfatizó que, sin seguridad, no puede existir democracia ni desarrollo sostenible. Además, se señaló que ha habido una tendencia en el debate político a creer que todos los problemas pueden resolverse mediante el diálogo y políticas sociales. Sin embargo, se evidenció que esto no siempre es así; un ejemplo de ello se observó tras la caída del Muro de Berlín, que llevo a que Europa se centrara en la paz, mientras se descuidaba la inversión en seguridad y en el sector militar, lo que ahora confronta a la región ante la amenaza de Rusia. Adicionalmente, se hizo hincapié en que, así como la priorización de las políticas sociales o medioambientales son relevantes, también lo son los temas de seguridad.

La Senadora Paola Holguín, del Centro Democrático, subrayó que Colombia carece de una política de Estado en seguridad y defensa, por lo que cada gobierno define su propia estrategia, lo que ha resultado en que el enfoque de seguridad del actual gobierno esté ideologizado y que haya derivado en que no se haya considerado la naturaleza de las estructuras criminales. Por otro lado, se destacó que, en el Plan Nacional de Desarrollo actual, el tema de seguridad se reduce a seguridad humana y Paz Total, pero sin un marco definido de implementación para esta última. Estas deficiencias en la política de Paz Total generan incertidumbre en las negociaciones, con interrogantes sobre la legitimidad del Estado para establecer mesas de negociación y el marco jurídico para tales conversaciones, especialmente en un contexto de crecimiento de estructuras criminales y delitos de alto impacto.

Seguidamente, Diana Arias, de la Universidad Militar Nueva Granada, enfatizó que, si bien la Paz Total aspira a convertirse en una política de Estado, parece no tener en cuenta la verdadera naturaleza de la violencia en Colombia, dado que las guerrillas ya no buscan transformar el sistema político, sino que sus actividades se centran en obtener beneficios económicos a través de actividades ilícitas. También destacó la necesidad de que el gobierno mantenga el monopolio del uso legítimo de la violencia en ausencia de una voluntad política real por parte de los grupos criminales con los que se está negociando. Igualmente, aunque reconoció fallos del gobierno, como estas omisiones, también destacó sus aciertos, como la priorización de los derechos humanos y la atención a temas como el impacto de drogas emergentes como el fentanilo.

Luego, Jorge Mantilla, investigador, resaltó que la Paz Total no ha logrado un desescalamiento de la violencia, sino que ha conseguido un apaciguamiento de esta, lo que ha llevado a que el único actor que esté cediendo en las negociaciones sea el Estado. Por otro lado, se resaltó la instrumentalización de la narrativa en torno a las ayudas humanitarias de la Paz Total. En cuanto a la fragmentación y los diálogos regionales, se señaló que la única salida que le queda a esta política es negociar con los actores que pueda, debido a que el tiempo del gobierno se agota.

María Alejandra Santos, profesora de la Universidad Pontificia Bolivariana, enfatizó que los objetivos de la Paz Total no se están cumpliendo, dado que la política carece de un enfoque centrado en el proceso de desmovilización, desarme y reintegración, lo que está generando muchas falencias en torno a este proceso de negociación, y provocando numerosas deficiencias en el proceso. Esto conlleva a que no se logre mejorar las condiciones de vida en los territorios más afectados por los grupos criminales.

Luego, el Dr. Andrés Macías, investigador de la Universidad Externado de Colombia, abordó la debilidad del gobierno actual en materia de seguridad y defensa, reflejada en la formulación del área de seguridad y convivencia ciudadana, ya que esta formulación desvía la intención que varias administraciones anteriores tuvieron al separar la seguridad nacional de la seguridad y convivencia ciudadanas. Al no hacer esta distinción, se mezclan las amenazas a la seguridad nacional con los problemas que afectan la seguridad ciudadana, lo que deriva en grandes problemas. En relación con la Paz Total, se destacó que tanto la violencia vertical ascendente (que afecta a la población civil) como la violencia horizontal (choques entre diferentes grupos armados) no han sido controladas, lo que ha fortalecido la gobernanza criminal de los actores armados.

Germán Sahid, de la Universidad del Rosario, destacó que los grupos residuales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se desmovilizaron, y el ELN ya no buscan el poder de arriba hacia abajo, sino al contrario. Es decir, están ejerciendo una presencia territorial mediante acciones como la inauguración de colegios o la construcción de puentes. Este enfoque tiene como objetivo minar la institucionalidad existente. Sin embargo, a pesar de que ambas organizaciones están llevando a cabo estas acciones, uno de los errores en las negociaciones actuales con el ELN es la creencia de que el proceso de negociación con esta organización puede ser similar al que se dio con las FARC en 2016. Es importante reconocer que son organizaciones diferentes; lo mismo ocurre con el Estado Mayor Central (EMC).

El Coronel Fernando Farfán hizo hincapié en que, un proceso de negociación se da cuando existe una necesidad de sentarse a dialogar. Sin embargo, con la Paz Total, se ha reflejado que los grupos armados no tienen la necesidad de negociar, por lo que están utilizando esto como parte de su estrategia para fortalecerse.

Seguidamente, el secretario de Seguridad de Bogotá, Cesar Restrepo, resaltó que el posacuerdo resultante del proceso de paz de 2016, exhibe deficiencias que se han vuelto más evidentes con el tiempo. Entre ellas, se destaca el incremento progresivo y exponencial de las amenazas de seguridad, surgidas a medida que los esfuerzos de seguridad del Estado no se fortalecían lo suficiente. Esto derivó en que el Estado no pudo demostrar a aquellos actores que tenían la intención de desafiar nuevamente la institucionalidad que no había margen para ello. Otro aspecto para tener en cuenta es que, el posacuerdo fue diseñado principalmente para las zonas rurales y no para las urbanas, lo que ha generado un desequilibrio en el sistema y plantea importantes desafíos de violencia en los entornos urbanos.

Catalina Miranda, de la Fundación Ideas para la Paz, señaló que, en territorios como el Putumayo, el Catatumbo y Caquetá, existe un gran temor palpable. Los líderes sociales, quienes son un grupo poblacional que defiende al gobierno nacional, están temerosos de hablar, lo que ha dificultado enormemente realizar un diagnóstico preciso de lo que está ocurriendo en estos territorios. Otro punto de gran relevancia es que, los grupos criminales se han vuelto más invisibles, ya que han comprendido que ser figuras como, por ejemplo, Pablo Escobar, los pone en la mira del Estado. Por lo tanto, es crucial comprender que las negociaciones no se están llevando a cabo con guerrillas que tienen una ideología de fondo, sino con empresarios criminales.

Sergio Saffon, de Insight Crime, abordó la importancia de comprender a los actores armados desde una perspectiva transnacional. Por ejemplo, el ELN tiene una presencia más marcada en Venezuela que en Colombia. Para que una desmovilización tenga éxito, es crucial considerar esta naturaleza transnacional y enfocar la estrategia más allá del territorio nacional.

Luego, Maria Alejandra Vélez, de la Universidad de los Andes, habló del problema que supone el vacío normativo en relación con la ley de sometimiento, que constituye un paso fundamental para un proceso de paz, dado que algunos grupos pueden optar por la negociación, mientras que otros deben someterse. Sin un marco normativo claro, esto puede dar lugar a múltiples problemas. Además, se destacó que la estrategia de lucha contra las drogas ha sido un fracaso, por lo que resulta incomprensible querer abordar esta problemática de la misma manera.

En conclusión, Carlos Augusto Chacón resaltó la importancia de los espacios de discusión y, sobre todo, el papel de la sociedad civil en impulsar el debate en torno a temas como la situación de seguridad y la construcción de paz en Colombia.